Plataforma de Pago Automatizado: mejorar, no retroceder

La Dirección de Presupuestos suspendió la Plataforma de Pago Automatizado (PPA), implementada en 2019, que permite centralizar y agilizar el pago del Estado a sus proveedores. Esta suspensión, por 180 días, retrotrae el sistema a cuando el pago se realizaba en forma directa desde el organismo público respectivo.

Lo anterior se justificaría en que se habrían encontrado pagos duplicados de facturas a los proveedores entre 2019 y 2020. Ello ha generado amplia preocupación, dado que el sistema forma parte de la anhelada modernización del Estado que, a pesar de estas falencias, había logrado una mayor agilidad en los plazos de pago, beneficiando especialmente a las PYME.

Es clave que esta suspensión sea transitoria, para que no ponga en entredicho lo ya avanzado en modernización del Estado.

El proceso que se realiza a través de la PPA consiste en que la Tesorería General de la República transfiere directamente los servicios devengados a los proveedores del Estado, una vez que son reconocidos por el organismo público correspondiente. Originalmente, el procedimiento enfrentó cierta reticencia, sobre todo a nivel regional, puesto que la centralización de los pagos omitía el paso de los recursos por los servicios, lo que se percibió como una pérdida de control de la caja. La disputa incluso escaló a la Contraloría General de la República; sin embargo, en virtud de los principios de coordinación, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos del Estado, el procedimiento contó con su respaldo.

La plataforma se inició con un plan piloto donde se detectaron tempranamente problemas informáticos y la duplicidad de pagos antes señalada. Esto también fue revisado por la Contraloría, lo que impulsó las mejoras correspondientes en su etapa de implementación. La pregunta es si estas situaciones continuaron produciéndose después y cuánta premura existe por subsanarlos. Grave sería que la suspensión respondiera a la reaparición de las reticencias mencionadas, lo que debe ser aclarado.

Lo deseable sería que cualquier medida que se tome sea transitoria, con el fin de revisar y mejorar el sistema, pues ha sido de gran beneficio para los proveedores y también para el Estado, por la mejor gestión de su caja. Es de esperar, por tanto, que se trate sólo de un impasse y no de un retroceso que ponga en entredicho lo ya avanzado en materia de modernización del Estado.